Nos encontramos con un video de diciembre de 2015, sobre la 6.ª Marcha Nacional de la Marihuana en Córdoba, donde el militante y productor Daniel Landgren, Presidente de la Asociación Civil Comunidad Cannábica Córdoba, era entrevistado por un notero de Canal 10, y quisimos ver cuánto avanzaron los derechos reclamados por la comunidad. Recordemos que la Ley 27.350 de cannabis medicinal recién llegaría dos años después. Sus declaraciones reflejaban una realidad que hoy permite dimensionar cuánto cambió el escenario cannábico argentino y cuánto falta todavía por conquistar.

La entrevista recupera un momento fundamental de la historia del movimiento cannábico nacional: una etapa en la que las organizaciones sociales reclamaban derechos básicos que hoy cuentan con algunos reconocimientos legales, aunque todavía enfrentan importantes contradicciones y obstáculos.

1. ¿Qué reclamaba el movimiento cannábico en diciembre de 2015?

(0:00 – 0:21) El derecho a tener, usar y cultivar cannabis

Landgren plantea que la movilización continuará hasta conseguir el reconocimiento de tres derechos fundamentales:

• Tener cannabis.
• Usar cannabis.
• Cultivar cannabis.

También reivindica la lucha por el acceso al cannabis medicinal y exige la derogación de la Ley Nacional 23.737, por considerar que su aplicación está orientada a perseguir a los consumidores y usuarios, en lugar de combatir eficazmente el narcotráfico.

Su planteo central es que el sistema penal pone el foco sobre las personas que consumen o cultivan para sí mismas, mientras que las grandes estructuras del narcotráfico permanecen fuera del alcance de esa persecución.

(0:21 – 0:55) Córdoba y la desfederalización del narcomenudeo

Landgren explica que la marcha se dirigirá hacia la Casa de Gobierno provincial, elegida como destino simbólico para visibilizar la responsabilidad política del gobierno cordobés.

Cuestiona particularmente la Ley Provincial 10.067, vinculada con la desfederalización de determinados delitos de drogas. Según su interpretación, esta política había profundizado la persecución de usuarios y cultivadores.

Denuncia que, pese a la existencia de fallos judiciales nacionales que habían cuestionado la criminalización de la tenencia para consumo personal, en Córdoba todavía se detenía a personas por llevar apenas dos o tres gramos de marihuana.

También critica el funcionamiento del fuero especializado en narcomenudeo, al que considera poco efectivo para combatir las estructuras criminales.

(0:55 – 1:07) La persecución al consumidor y la metáfora del pez pequeño

En el cierre, amplía el reclamo más allá del cannabis: sostiene que los consumidores de distintas sustancias, cuando poseen pequeñas cantidades, continúan siendo perseguidos por el marco prohibicionista de la Ley 23.737.

Utiliza una metáfora contundente para describir la política de persecución: se busca al pez pequeño con el argumento de llegar al pez gordo, pero ese objetivo nunca se concreta.

La crítica apunta a una política de drogas que concentra sus esfuerzos en los eslabones más vulnerables de la cadena, sin conseguir desarticular los grandes circuitos del narcotráfico.

2. Casi once años después: ¿qué cambió en Argentina?

Para comprender el valor histórico de esta entrevista hay que situarse en diciembre de 2015, cuando el movimiento cannábico argentino todavía estaba concentrado en conseguir algo elemental: que una persona no fuera tratada como delincuente por cultivar o consumir cannabis.

En aquel momento, el debate público comenzaba a incorporar con más fuerza el uso medicinal, pero todavía no existía un sistema nacional que permitiera a los pacientes registrar y autorizar sus cultivos.

La comparación con noviembre de 2026 permite identificar avances concretos, pero también demuestra que muchas de las reivindicaciones de aquella marcha siguen pendientes.

A. Del reclamo por el cannabis medicinal al reconocimiento legal

En 2015, el acceso al cannabis medicinal dependía en gran medida de la iniciativa de familias, cultivadores solidarios, asociaciones civiles y organizaciones que trabajaban en condiciones de inseguridad jurídica.

Un año y medio después llegó un primer cambio fundamental:

• 2017: se sancionó la Ley 27.350, que reconoció el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y estableció un marco para la investigación científica.
• 2020: el Decreto 883/2020 reglamentó un sistema que permitió ampliar las posibilidades de cultivo medicinal.
• 2021: comenzó a funcionar el REPROCANN, el Registro del Programa de Cannabis, que habilitó el registro de pacientes y cultivadores autorizados.

Esto significó un cambio profundo: el autocultivo medicinal dejó de depender exclusivamente de interpretaciones judiciales y pasó a contar con un mecanismo administrativo de autorización.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental: el REPROCANN no legaliza el cultivo recreativo. Su alcance está limitado al uso medicinal, terapéutico y paliativo, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

B. Del autocultivo a la posibilidad de construir una industria

Otro de los grandes cambios que no existían durante aquella marcha fue la incorporación del cannabis y el cáñamo a la agenda productiva nacional.

En 2022 se sancionó la Ley 27.669, que estableció un marco regulatorio para desarrollar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

La norma creó la ARICCAME, Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, con responsabilidades sobre licencias, autorizaciones y fiscalización de la actividad productiva.

Esto abrió una perspectiva que excede el cultivo individual:

• Producción de cannabis medicinal.
• Desarrollo de productos derivados.
• Investigación e innovación.
• Producción de semillas y material vegetal.
• Desarrollo de fibras y otros productos de cáñamo industrial.
• Generación de empleo y nuevas actividades económicas.

El cannabis comenzó a ocupar un lugar en las discusiones sobre desarrollo productivo, inversiones, investigación científica y generación de empleo.

No obstante, el desarrollo de este sector todavía enfrenta desafíos institucionales, regulatorios y económicos.

C. La Ley 23.737: el reclamo que sigue vigente

Este es probablemente el punto más importante para comparar con las palabras de Landgren.

En diciembre de 2015 reclamaba la derogación de la Ley 23.737 porque consideraba que criminalizaba a los usuarios y cultivadores.

En noviembre de 2026, esa ley continúa vigente.

La Ley 27.350 no derogó el régimen penal de drogas. Tampoco lo hizo la Ley 27.669. Ambas crearon marcos específicos para actividades medicinales, científicas e industriales, pero no establecieron una legalización general del cannabis.

El fallo Arriola de la Corte Suprema, dictado en 2009, había declarado inconstitucional la aplicación del artículo 14, segundo párrafo, en determinadas circunstancias de tenencia para consumo personal en el ámbito privado. Sin embargo, no derogó ese artículo ni convirtió en legal cualquier forma de tenencia o cultivo.

Por eso, sigue existiendo una diferencia entre el reconocimiento de ciertos derechos y la ausencia de una reforma integral de la política criminal de drogas.

D. Córdoba: casi once años después de la desfederalización

La crítica de Landgren a la política provincial merece una explicación particular.

La Ley 10.067 fue sancionada el 27 de junio de 2012 y entró en vigencia el 1 de diciembre de ese año.

Córdoba adhirió mediante esa norma a las disposiciones de la Ley Nacional 26.052, que habilitaron a las provincias a asumir competencias sobre determinados delitos vinculados con el último eslabón de la comercialización de estupefacientes.

La provincia creó así el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

Es importante hacer una precisión: la desfederalización no transfirió absolutamente todos los delitos de drogas a la Justicia provincial. Se trató de una transferencia de competencias sobre determinados delitos, especialmente los vinculados al microtráfico.

La preocupación expresada por Landgren apuntaba a que ese nuevo esquema podía convertirse en una herramienta de persecución de consumidores y pequeños cultivadores.

Casi once años después de aquella entrevista, la desfederalización continúa vigente en Córdoba. La discusión sobre el alcance de los procedimientos policiales y judiciales y la protección de los derechos de los usuarios sigue siendo parte de la agenda cannábica.

E. Las marchas continuaron: los reclamos no desaparecieron

Hay un dato especialmente interesante para comprender la continuidad histórica.

En mayo de 2024, durante una nueva Marcha Mundial de la Marihuana en Córdoba, las organizaciones volvieron a plantear consignas muy similares a las que escuchamos en esta entrevista:

• Basta de personas presas por marihuana.
• Reforma de la Ley de Drogas.
• Regulación integral de la planta.
• Defensa del REPROCANN.
• Eliminación de las demoras y trabas administrativas.
• Participación de cultivadores y organizaciones sociales en la industria.
• Implementación efectiva de la Ley 27.669.

La comparación resulta reveladora: habían pasado más de ocho años desde la entrevista original y buena parte de las demandas seguía en la calle.

El movimiento había cambiado, incorporando pacientes, profesionales, emprendimientos, growshops y actores de la industria, pero las reivindicaciones históricas seguían presentes.

3. ¿Qué falta conquistar? Los cinco grandes pendientes

Al comparar las reivindicaciones de diciembre de 2015 con la realidad de noviembre de 2026, aparecen cinco cuestiones centrales:

1. Regulación integral del cannabis. Todavía no existe una legislación que contemple de manera integral el uso adulto, el autocultivo recreativo, los clubes de cultivo y los distintos modelos de acceso.

2. Reforma de la Ley 23.737. Continúa vigente un marco penal que mantiene la criminalización de conductas relacionadas con la tenencia y el cultivo fuera de las excepciones autorizadas.

3. Seguridad jurídica para cultivadores. El REPROCANN representa un avance, pero sus restricciones, modificaciones administrativas, demoras y exigencias generan incertidumbre para pacientes y organizaciones.

4. Federalización de los derechos. El reconocimiento de derechos no debería depender de la provincia en la que vive una persona. Todavía existen diferencias importantes en los criterios de actuación policial y judicial.

5. Participación del activismo en la industria. El desarrollo económico del cannabis no debería dejar afuera a quienes sostuvieron durante décadas la investigación, el cultivo, la educación y el acceso comunitario a la planta.

Un aspecto particularmente importante es que el avance industrial no garantiza por sí mismo un avance en los derechos individuales. Es posible desarrollar empresas, licencias y mercados medicinales mientras el usuario adulto continúa sin tener un marco legal claro.

4. La lectura histórica: de la clandestinidad a la regulación incompleta

La entrevista de Daniel Landgren permite reconocer tres grandes etapas en la evolución del movimiento cannábico argentino:

Lo interesante es que el movimiento no abandonó sus reivindicaciones originales. Las amplió.

En 2015, el reclamo era poder tener una planta sin ser perseguido. Hoy, además, se discute quién puede producir, quién puede comercializar, quién obtiene licencias, quién accede a los medicamentos y quién participa de los beneficios económicos de una industria emergente.

Y en el centro de esa discusión sigue estando la misma pregunta: ¿puede existir una regulación del cannabis que reconozca plenamente los derechos de las personas?

5. Casi once años después: algunas conquistas y una deuda pendiente

La entrevista conserva una vigencia sorprendente.

Lo que en diciembre de 2015 parecía una reivindicación de sectores marginalizados hoy forma parte de una discusión económica, sanitaria, científica y política de alcance nacional.

Argentina avanzó. Reconoció el cannabis medicinal, habilitó mecanismos de autocultivo autorizado, creó un registro nacional y estableció un marco para desarrollar una industria del cannabis y el cáñamo.

Pero esos avances no resolvieron el conflicto de fondo.

La Ley 23.737 continúa vigente. El uso adulto no cuenta con una regulación integral. Los cultivadores siguen dependiendo de autorizaciones específicas y las organizaciones reclaman mayor participación en las decisiones que afectan al sector.

Hay algo particularmente significativo en escuchar nuevamente a Landgren: en 2015 denunciaba que se perseguía al pez pequeño mientras el pez gordo permanecía intacto.

Casi once años después, la discusión ya no es solamente cuánto avanzó el cannabis en Argentina, sino si esos avances llegaron efectivamente a las personas que hicieron posible este cambio cultural.

La planta consiguió entrar en la agenda del Estado, la medicina y la industria. Ahora falta que los derechos de quienes la utilizan, cultivan y defienden estén verdaderamente a la altura de esa transformación.

Radio Sativa | Comunicación, Cultura y Naturaleza

Un registro histórico del movimiento cannábico argentino para entender de dónde venimos, cuánto hemos avanzado y qué derechos todavía quedan por conquistar.