La Justicia de Tucumán imputó a Mónica Rodríguez y Sergio Amarello, un matrimonio acusado de cultivar y tener cannabis con presuntos fines de comercialización. La defensa sostiene una versión completamente diferente: que el cultivo estaba destinado a producir preparados medicinales para su hijo de 20 años, quien presenta epilepsia y un trastorno del espectro autista (TEA) severo.

La causa se inició el 12 de agosto de 2026, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda del pasaje Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán, dentro de una investigación por un supuesto hecho de robo y hurto.

La orden había sido autorizada por el juez Gonzalo Javier Ortega. Durante el procedimiento, los agentes encontraron un arma calibre 9 milímetros y 587 municiones de distintos calibres, además de 259 gramos de cannabis, semillas, cigarrillos armados, cuatro plantines, cremas y preparados líquidos elaborados con cannabis, una balanza digital y un triturador.

El hallazgo de los estupefacientes derivó en la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Capital y de la Fiscalía de Narcomenudeo, que dispuso la aprehensión de Rodríguez y Amarello.

La defensa cuestionó el allanamiento

Uno de los primeros puntos discutidos durante la audiencia fue la legalidad del procedimiento.

El abogado Patricio Char, defensor de la pareja, solicitó la nulidad absoluta del allanamiento. Según explicó, la orden judicial indicaba una vivienda ubicada a la altura del 3600 del pasaje Zenón Santillán, mientras que sus defendidos viven en el número catastral 3800.

Char sostuvo además que la Policía no habría realizado una constatación presencial previa y que habría utilizado Google Maps para identificar el domicilio.

La defensa planteó que los investigadores ya conocían que en esa vivienda residía un matrimonio vinculado al cultivo de cannabis medicinal y que la investigación por robo habría terminado funcionando como puerta de entrada para detectar el cultivo.

La jueza Judith Solórzano rechazó el planteo. Consideró que la descripción física incorporada en la orden —incluida la referencia a que se trataba de la sexta vivienda desde la calle Godoy Cruz— permitía identificar correctamente el inmueble allanado.

La acusación fiscal apunta a una supuesta venta de cannabis

La auxiliar fiscal María Sol Gramajo Parache formuló cargos contra Rodríguez y Amarello como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal se apoyó especialmente en la cantidad de cannabis encontrada y en la presencia de elementos que, según la acusación, podrían haber sido utilizados para preparar dosis destinadas a una eventual venta.

Entre esos elementos aparece la balanza digital, interpretada por la Fiscalía como una herramienta potencialmente utilizada para fraccionar la sustancia.

Otro elemento considerado por la acusación fue que ninguno de los dos tenía, al momento del procedimiento, una autorización vigente del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

Pero aquí aparece uno de los puntos centrales del caso.

La ausencia de una autorización vigente no demuestra por sí misma que exista comercialización. La propia normativa nacional contempla el autocultivo medicinal bajo determinadas condiciones y exige que quienes utilicen esta vía cuenten con indicación médica y autorización correspondiente.

La Ley 27.350, sancionada en 2017, estableció el marco nacional para la investigación médica y científica del cannabis medicinal. Su reglamentación mediante el Decreto 883/2020 creó las condiciones para el funcionamiento del REPROCANN y reconoció el acceso a través de cultivos controlados.

La familia presentó documentación médica

La defensa rechazó la acusación de comercialización y solicitó que el hecho fuera considerado como tenencia simple.

La co-defensora Candelaria Hernández señaló que durante el allanamiento no fueron encontrados dinero, anotaciones, transferencias bancarias ni cannabis fraccionado en dosis individuales que permitieran demostrar una actividad comercial.

También presentó documentación médica y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) del hijo de la pareja para acreditar su diagnóstico de TEA severo y epilepsia.

Según explicó Hernández, el aceite de cannabis elaborado por la familia era utilizado para mitigar las crisis y reducir la dependencia de medicamentos antipsicóticos de alta complejidad.

“El aceite de cannabis se utiliza para mitigar sus crisis y evitar el uso exclusivo de antipsicóticos severos”.

La defensora también explicó que la balanza encontrada en el domicilio tenía, según la versión de la familia, una finalidad vinculada a la elaboración artesanal de aceites y cremas medicinales, ya que permitía medir con precisión la materia vegetal utilizada en los preparados.

Una referente del cannabis medicinal quedó nuevamente en el centro de la discusión

Durante la audiencia también se destacó la trayectoria de Mónica Rodríguez, quien fue presentada por la defensa como referente del cannabis medicinal en Tucumán y presidenta de la Fundación Azulado.

Según su representación legal, Rodríguez desarrolla actividades solidarias vinculadas al cannabis medicinal desde hace aproximadamente 20 años.

La defensa informó además que había estado inscripta en el REPROCANN entre 2021 y 2022, pero que posteriormente no pudo renovar su autorización debido a inconvenientes relacionados con el sistema de registro.

Este punto resulta particularmente relevante porque el régimen actual establece expresamente que las autorizaciones del REPROCANN no se renuevan automáticamente. La información oficial del Ministerio de Salud indica que, una vez vencida una autorización, debe realizarse nuevamente el trámite.

Además, la normativa vigente fue modificada integralmente en 2025 mediante la Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud, que modificó la Resolución 800/2021 y reorganizó las categorías y condiciones del REPROCANN.

Qué permite actualmente el REPROCANN

El caso tucumano también sirve para recordar algo fundamental para cualquier paciente o cultivador medicinal: cultivar cannabis con fines terapéuticos en Argentina está contemplado por un régimen específico, pero requiere cumplir las condiciones regulatorias vigentes.

La normativa actual reconoce la figura del autocultivador, que puede ser el propio paciente o, en determinadas circunstancias, estar representado por un familiar en primer o segundo grado, tutor, curador o representante legal. También contempla terceros cultivadores y personas jurídicas permitidas.

La actualización normativa establece para el autocultivo un rango de 1 a 9 plantas florecidas por paciente, hasta 6 metros cuadrados de superficie para cultivo interior o 15 metros cuadrados para cultivo exterior.

También establece límites para el transporte: entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas por paciente.

Por eso, para pacientes y familias que utilizan cannabis medicinal, mantener actualizada la autorización, conservar la documentación médica y respetar las condiciones declaradas ante el REPROCANN constituye una cuestión central de seguridad jurídica.

El propio Ministerio de Salud define al REPROCANN como el mecanismo destinado a registrar a quienes acceden al cannabis medicinal mediante un cultivo controlado, ya sea realizado por los propios pacientes, terceros o determinadas organizaciones autorizadas.

El arma y las municiones forman parte de otra investigación

La causa también contiene un capítulo independiente relacionado con el arma de fuego encontrada durante el allanamiento.

La defensa sostuvo que la pistola pertenecía al padre fallecido de Sergio Amarello, que se encontraba registrada y que actualmente forma parte de un proceso sucesorio.

La investigación por ese elemento quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal Criminal, mientras que la causa vinculada al cannabis quedó en manos de la Fiscalía de Narcomenudeo.

La Justicia rechazó la prisión preventiva

La Fiscalía había solicitado dos meses de prisión preventiva para ambos imputados.

Para Mónica Rodríguez pidió que la medida se cumpliera bajo arresto domiciliario debido a que es la principal cuidadora de su hijo. Para Sergio Amarello, en cambio, había solicitado prisión efectiva en una unidad penitenciaria.

La defensa se opuso y pidió la libertad ambulatoria para Rodríguez y arresto domiciliario para Amarello.

Finalmente, la jueza Judith Solórzano rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso que ambos permanezcan durante siete días bajo arresto domiciliario, mientras continúa la investigación.

La cuestión central todavía deberá determinarse judicialmente: si el cannabis encontrado estaba efectivamente destinado a la elaboración de preparados medicinales para el hijo de la pareja o si existían elementos suficientes para sostener la hipótesis fiscal de comercialización.

Un caso que vuelve a poner el foco sobre la seguridad jurídica

El episodio tucumano expone una tensión que sigue presente en Argentina: el país cuenta desde hace años con un marco legal que reconoce el uso medicinal del cannabis y contempla el cultivo controlado, pero las familias que dependen de esta herramienta terapéutica todavía pueden quedar atrapadas entre los tiempos administrativos, las exigencias regulatorias y la interpretación penal de una planta cultivada en un domicilio particular.

La situación también deja una enseñanza concreta para pacientes, cultivadores y organizaciones: la documentación médica, la inscripción vigente en REPROCANN y el cumplimiento estricto de los parámetros autorizados son herramientas fundamentales para reducir riesgos jurídicos.

El cannabis medicinal avanza cuando ciencia, salud pública, regulación y derechos de los pacientes pueden encontrarse en el mismo territorio. Casos como este muestran que todavía queda camino por recorrer, pero también obligan a discutir cómo construir un sistema que proteja al paciente sin confundir automáticamente cultivo terapéutico con narcotráfico.

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