La provincia de Mendoza dio un nuevo paso en la consolidación de su ecosistema de cannabis medicinal y cáñamo industrial al realizar una jornada de capacitación destinada a inspectores laborales, reforzando los conocimientos técnicos y normativos necesarios para fiscalizar una actividad que crece año tras año en Argentina.

La iniciativa fue organizada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza, en conjunto con la Dirección Provincial de Cannabis, RENATRE Mendoza y UATRE Mendoza, y estuvo encabezada por la directora provincial de Cannabis, Virginia Coraglia. El objetivo fue brindar herramientas concretas para que los equipos de inspección comprendan las particularidades del sector y puedan aplicar controles acordes a una industria altamente regulada.

Durante la capacitación se abordaron aspectos vinculados con:

• La normativa nacional y provincial que regula la actividad.
• Las condiciones laborales específicas del sector.
• La trazabilidad de la producción.
• Los procesos de inspección en establecimientos autorizados.
• Las características técnicas del cultivo, procesamiento e industrialización del cannabis.

Uno de los anuncios más relevantes fue la incorporación del laboratorio del ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) como soporte técnico para la fiscalización. Este organismo podrá realizar análisis especializados que permitirán verificar la calidad de los productos, fortalecer los controles y aportar evidencia científica durante las inspecciones.

Este avance se enmarca en la implementación de la Ley Provincial N.º 9.617, sancionada en 2025, que creó el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial y estableció un sistema integral de control, fiscalización y promoción de la actividad. La norma trabaja de manera articulada con el marco nacional establecido por las leyes 27.350 (cannabis medicinal) y 27.669 (industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial).

Para productores, empresas y cooperativas, este tipo de capacitaciones representa mucho más que un procedimiento administrativo. Contar con inspectores formados específicamente en cannabis reduce interpretaciones erróneas de la normativa, mejora la seguridad jurídica y favorece inspecciones basadas en criterios técnicos en lugar de prejuicios.

En la práctica, esto significa que quienes desarrollan actividades autorizadas disponen de un marco de fiscalización más profesional, donde aspectos como la trazabilidad, las condiciones de cultivo, el registro documental y el cumplimiento de los protocolos adquieren un papel central.

La medida también acompaña la estrategia que Mendoza viene desarrollando para posicionarse como uno de los polos argentinos del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. En los últimos meses, la provincia reglamentó nuevas herramientas para el funcionamiento del Registro Provincial, puso en marcha regímenes específicos para productores y comenzó a incorporar las primeras empresas al sistema productivo oficial.

Lejos de representar una mayor carga burocrática, el fortalecimiento de los organismos de control apunta a generar previsibilidad para las inversiones, garantizar condiciones laborales adecuadas y ofrecer mayor confianza tanto a productores como a pacientes y consumidores.

La profesionalización de los inspectores demuestra que el desarrollo de la industria del cannabis no depende únicamente de nuevas leyes, sino también de instituciones capaces de aplicarlas con conocimiento técnico y criterios científicos. Mendoza continúa construyendo un modelo donde producción, salud pública, empleo y fiscalización avanzan de manera coordinada, marcando un camino que otras provincias podrían seguir.

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