El Tribunal Superior de Kenia rechazó este miércoles la petición presentada por la Rastafari Society of Kenya, que buscaba obtener una excepción legal para utilizar cannabis como sacramento religioso. La causa, iniciada en 2021, sostenía que la prohibición vigente vulnera el derecho constitucional a la libertad de culto.

La sentencia fue dictada por el juez Bahati Mwamuye, quien concluyó que los demandantes no lograron demostrar una base constitucional y jurídica suficiente para justificar una excepción a la legislación vigente sobre estupefacientes. Según el magistrado, las normas que prohíben el cultivo, la posesión y el consumo de cannabis no constituyen una violación de la libertad religiosa de la comunidad rastafari.

Sin embargo, el fallo dejó un aspecto llamativo. El propio juez reconoció que el país necesita abrir un debate profundo sobre su política de drogas y afirmó:

"Esta no es solo una cuestión para la comunidad rastafari, sino un tema que atraviesa a toda la sociedad".

En Kenia continúa vigente la Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Control) Act, legislación que penaliza el cultivo, la posesión y el consumo de cannabis. La normativa contempla penas de hasta 10 años de prisión, además de multas económicas, mientras que el tráfico de cannabis recibe sanciones aún más severas.

Tras conocerse la resolución, integrantes de la comunidad rastafari se concentraron en Freedom Corner, en Nairobi, donde realizaron cánticos, ceremonias con tambores y manifestaron su rechazo al fallo.

El abogado de la organización, Shadrack Wambui, confirmó que la decisión será apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Kenia dentro del plazo legal.

"La esperanza no se ha perdido", expresó el letrado al finalizar la audiencia.

La resolución llega apenas una semana después de que la comunidad expresara públicamente su expectativa de lograr un precedente histórico. Para el movimiento rastafari, el cannabis —conocido tradicionalmente como ganja— constituye un elemento central de la meditación, la espiritualidad y la conexión con Jah, por lo que consideran que su uso debería estar protegido por la libertad religiosa.

Paradójicamente, aunque el tribunal negó la excepción solicitada, varios observadores destacaron que la sentencia reconoce implícitamente que el actual esquema prohibicionista podría resultar insostenible frente a los cambios sociales y culturales que atraviesa el país. Esa reflexión abre un escenario de discusión que podría influir en futuras reformas legislativas.

En el contexto internacional, el caso de Kenia vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más frecuente: la tensión entre las leyes de control de drogas y el reconocimiento de los usos culturales, espirituales y religiosos del cannabis. Mientras numerosos países avanzan hacia modelos regulatorios para fines medicinales, industriales o recreativos, otros continúan sosteniendo esquemas de prohibición absoluta que generan controversias sobre derechos fundamentales.

Más allá del resultado judicial, el fallo demuestra que el debate sobre el cannabis ya no se limita únicamente a la salud o la seguridad pública. También involucra derechos humanos, libertad religiosa y la necesidad de construir políticas basadas en evidencia, proporcionalidad y respeto por la diversidad cultural.

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