El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) elevó a nueve años de prisión la condena contra Sebastián Martorell, un hombre de Inca, en Mallorca, que mató a uno de los integrantes de una banda que había ingresado a su propiedad para robar sus plantas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 24 de septiembre de 2020, cuando cuatro hombres llegaron a la finca ubicada en el paraje rural de Camí de Can Batle, en las afueras de Inca. Según la investigación judicial, tres de ellos permanecieron vigilando mientras un cuarto integrante ingresó al terreno con el objetivo de sustraer las plantas de marihuana cultivadas en el lugar.

Dentro de la propiedad se produjo un enfrentamiento entre el dueño de la finca y el intruso. La víctima recibió múltiples heridas de arma blanca y falleció en el lugar. Durante el juicio, el jurado popular descartó el delito de asesinato al no encontrar ensañamiento ni alevosía, pero sí consideró probado el delito de homicidio.

Inicialmente, la Audiencia Provincial de Baleares había impuesto una condena de siete años de prisión, valorando circunstancias atenuantes relacionadas con el miedo experimentado por el acusado durante el asalto. Sin embargo, tras los recursos presentados en el caso, el TSJB decidió elevar la pena hasta los nueve años de cárcel, entendiendo que la respuesta del propietario excedió los límites que la legislación española contempla para la legítima defensa. Según trascendió durante el proceso, la víctima recibió numerosas puñaladas, algunas de ellas cuando intentaba huir.

En paralelo, los tres hombres que participaron del intento de robo también fueron condenados por la Justicia española por un delito de robo en vivienda en grado de tentativa.

Un problema frecuente en el mundo del cannabis

El caso vuelve a poner en evidencia una realidad conocida por muchos cultivadores: los denominados “cogolleros”. Tanto en España como en América Latina, las plantaciones de cannabis suelen convertirse en objetivo de organizaciones delictivas que buscan apropiarse de flores listas para la venta ilegal.

Para productores registrados y cultivadores medicinales, especialistas en seguridad recomiendan sistemas de videovigilancia, alarmas, iluminación perimetral y protocolos de actuación que prioricen la protección de las personas antes que la confrontación directa con los delincuentes.

A medida que la regulación del cannabis avanza en distintos países, también crece la necesidad de desarrollar herramientas que protejan a quienes cultivan dentro del marco legal. La profesionalización del sector exige más seguridad, más prevención y menos violencia.

Foto de portada: Sebastián Martorell, con gafas, durante el juicio. / B.RAMON

¿Creés que la Justicia actuó correctamente en este caso? Dejanos tu opinión y escuchanos en Radio Sativa. Leenos en radiosativa.com.ar  seguí toda la actualidad de la industria cannábica y sumate a nuestra comunidad para estar siempre informado.