Un operativo de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos terminó con el secuestro de dos ladrillos de cannabis que totalizaron aproximadamente 1,950 kilogramos en la peatonal San Martín de la ciudad de Paraná.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 20 horas de este miércoles en la intersección de San Martín, España y Urquiza, frente al Banco Nación. Según explicó el comisario general Claudio González, la intervención surgió a partir de información previa que indicaba que se concretaría una venta mediante una modalidad similar al delivery.

"Nosotros teníamos la información de que se iba a producir esa venta, teníamos una descripción y se actuó en consecuencia", señaló González durante la cobertura televisiva del operativo.

Los agentes interceptaron a un hombre y una mujer mayores de edad que circulaban por la zona comercial. Durante la requisa de una mochila encontraron dos ladrillos de cannabis. Además, se secuestró un teléfono celular y se dio intervención a la fiscal de turno.

Por su parte, Claudio Pasadore -director de Drogas Peligrosas- confirmó que el procedimiento permitió retirar de circulación una importante cantidad de sustancia destinada presuntamente a la comercialización.

La causa fue inicialmente encuadrada como tenencia de estupefacientes, aunque las autoridades reconocieron que, debido a la cantidad incautada, podría derivarse posteriormente a la Justicia Federal.

El problema de fondo

Más allá del operativo policial, el hecho vuelve a exponer una realidad que Entre Ríos arrastra desde hace años: la falta de implementación plena de herramientas legales para garantizar el acceso seguro al cannabis.

La provincia cuenta con la Ley Provincial N.º 10.894, sancionada en mayo de 2021, que creó un régimen para el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos, terapéuticos y paliativos del dolor. La norma reconoce el derecho de los pacientes a acceder a la planta y sus derivados, contempla registros específicos y mecanismos de acceso regulado. Mientras el uso recreativo continúa penado en todo el país. 

Asimismo, Entre Ríos había adherido previamente a la Ley Nacional 27.350 mediante la Ley Provincial 10.623, incorporando el marco nacional de investigación y uso medicinal del cannabis.

Sin embargo, organizaciones de usuarios y familiares vienen reclamando desde hace años la reglamentación efectiva y la puesta en marcha de instrumentos previstos en la legislación provincial.

La consecuencia práctica es evidente: mientras el mercado regulado avanza lentamente, el mercado ilegal sigue abasteciendo la demanda con productos sin controles sanitarios, sin trazabilidad y con riesgos asociados para los consumidores.

No se trata únicamente de una cuestión de seguridad pública. También es un problema de salud pública. Un paciente que no puede acceder a flores o derivados producidos bajo estándares de calidad termina muchas veces dependiendo de productos de origen desconocido, prensados adulterados o circuitos clandestinos donde no existe ningún control sobre contaminantes, hongos, pesticidas o composición cannabinoide.

Una oportunidad que Entre Ríos aún tiene pendiente

La experiencia de otras provincias demuestra que la regulación inteligente permite reducir el peso del narcotráfico, generar empleo, impulsar investigación científica y garantizar acceso seguro para pacientes.

Cada ladrillo de cannabis prensado que ingresa al circuito ilegal es también una señal de que todavía existe una demanda que el sistema formal no está logrando cubrir.

La discusión ya no debería centrarse únicamente en cuánto cannabis se secuestra, sino también en cuánto cannabis de calidad podría producirse legalmente en territorio entrerriano mediante cooperativas, proyectos de investigación, cultivos registrados y emprendimientos autorizados bajo las leyes nacionales 27.350 y 27.669.

Entre Ríos tiene las herramientas legislativas para convertirse en un modelo de acceso seguro y producción responsable de cannabis medicinal. Lo que falta es acelerar los mecanismos que permitan transformar esas leyes en una realidad concreta para pacientes, profesionales de la salud, cultivadores solidarios y emprendedores. Así mismo, la espera por una reforma en la ley de drogas y la habilitación del uso adulto continúa en espera por millones de personas en todo el territorio nacional. 

La regulación no reemplaza el trabajo policial contra el narcotráfico, pero sí le quita terreno al mercado ilegal y acerca soluciones reales a quienes necesitan cannabis de calidad, seguro y producido bajo estándares verificables.

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