Mientras Argentina discute inversiones millonarias en cannabis medicinal, cáñamo industrial y desarrollo científico, en algunas terminales del país todavía activan operativos federales por lo que, en términos reales, equivale a un par de porros armados para consumo personal.

Eso ocurrió en Esquel, donde fuerzas de seguridad realizaron un procedimiento sobre un colectivo proveniente de San Carlos de Bariloche y secuestraron una pequeña cantidad de cannabis encontrada en el equipaje de una pasajera mayor de edad. El operativo fue presentado casi como un golpe al crimen organizado, aunque la sustancia incautada pesó apenas 2 gramos. Una escena que expone, una vez más, la desconexión brutal entre la realidad social y ciertos mecanismos judiciales heredados de otra época.

La contradicción es tan absurda como cotidiana. En farmacias de todo el país se venden analgésicos de venta libre con efectos adversos gastrointestinales, hepáticos y renales documentados científicamente, mientras usuarios de cannabis todavía pueden terminar demorados, fichados o enfrentando causas judiciales por portar flores secas. El clásico ibuprofeno que millones consumen sin pensar dos veces tiene más riesgos comprobados para el organismo que una mínima cantidad de cannabis utilizada de manera responsable.

Y acá aparece el verdadero debate que muchos sectores todavía esquivan: ¿cuánto recurso estatal se gasta persiguiendo consumidores mientras el narcotráfico pesado sigue operando con estructuras mucho más complejas? Porque movilizar efectivos, abrir expedientes judiciales y activar protocolos federales por 2 gramos no combate al crimen organizado. Apenas alimenta estadísticas y sostiene una maquinaria burocrática que insiste en criminalizar conductas cada vez más aceptadas socialmente.

La situación resulta todavía más polémica en un país donde la Ley Nacional 27.350 reconoce el cannabis medicinal y donde miles de pacientes están inscriptos en el REPROCANN para cultivar y transportar su medicina. Sin embargo, la falta de capacitación uniforme en fuerzas de seguridad y operadores judiciales sigue generando zonas grises, abusos y procedimientos desproporcionados.

En la Patagonia —una región históricamente ligada al autocultivo, la cultura cannábica y los proyectos de producción sustentable— muchos usuarios sienten que todavía se los trata como delincuentes por prácticas que en buena parte del mundo ya forman parte de políticas públicas de salud y reducción de daños.

La pregunta queda flotando como humo en el aire frío cordillerano: ¿de verdad este es el mejor uso posible de los recursos del Estado en 2026?

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