El debate por la regulación integral del cannabis volvió al centro de la escena política argentina. Los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca legalizar el uso, cultivo, producción, comercialización y consumo de cannabis en todo el territorio nacional bajo control estatal.

La iniciativa plantea un cambio profundo respecto al paradigma prohibicionista impuesto por la Ley 23.737 de estupefacientes, vigente desde 1989. En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el modelo represivo “fracasó” y que el narcotráfico creció exponencialmente durante décadas mientras aumentaban la violencia, la adulteración de sustancias y la criminalización de usuarios y cultivadores.

Uno de los puntos más fuertes del texto establece que “el cannabis, sus semillas y derivados son considerados sustancias de uso legal” para actividades vinculadas a la plantación, cosecha, almacenamiento, distribución, adquisición, tenencia y consumo. Además, contempla el autocultivo individual y colectivo, habilitando también clubes sociales cannábicos y sistemas de producción regulada.

El proyecto propone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) funcione como autoridad de aplicación. También impulsa campañas públicas de educación y reducción de daños, con foco en desestigmatizar el uso medicinal y terapéutico del cannabis, promoviendo información científica y prevención del consumo problemático desde una perspectiva sanitaria y no criminal.

Entre las restricciones previstas, se prohíbe fumar cannabis en los mismos espacios donde actualmente rige la prohibición del tabaco según la Ley 26.687. También quedaría limitada la publicidad y promoción de productos cannábicos recreativos, salvo aquellos destinados a fines medicinales.

Otro artículo que ya genera polémica propone la amnistía para personas denunciadas, procesadas o condenadas por tenencia, autocultivo o narcomenudeo relacionado exclusivamente con cannabis. Según el texto, esto implicaría la extinción de acciones penales y la eliminación de antecedentes vinculados a estas causas.

La iniciativa además busca fortalecer la investigación científica y el desarrollo industrial del cannabis y el cáñamo mediante convenios entre el Estado, universidades públicas, asociaciones civiles y organizaciones del sector. Un punto clave para una industria que en Argentina ya cuenta con el respaldo de las leyes nacionales 27.350 —sobre cannabis medicinal— y 27.669 —marco regulatorio para la industria del cannabis y el cáñamo industrial—, aunque todavía enfrenta enormes trabas burocráticas y regulatorias.

Mientras gran parte del mundo avanza hacia modelos regulados —como Uruguay, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y Alemania— Argentina vuelve a discutir si perseguir usuarios sigue teniendo sentido o si llegó el momento de construir una política pública basada en evidencia científica, salud pública, derechos humanos y desarrollo económico.

La planta volvió a entrar al Congreso. Y aunque el camino legislativo promete resistencia, el simple hecho de reinstalar este debate ya marca una señal potente: el cannabis dejó de ser un tema marginal para convertirse en una discusión estructural sobre salud, industria, libertad individual y futuro productivo.

Porque detrás de cada semilla hay ciencia, trabajo, medicina, inversión y también miles de personas que durante años fueron perseguidas por cultivar una planta.

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