Mendoza pisa el acelerador en la regulación del cannabis medicinal y ahora va directo al corazón del sistema: los médicos. A través de la Resolución 526 del Ministerio de Salud y Deportes, publicada el 8 de abril de 2026 en el Boletín Oficial, la provincia creó el Registro Provincial de Médicos Prescriptores de Cannabis, estableciendo que solo podrán indicar tratamientos aquellos profesionales que estén debidamente inscriptos y autorizados.

La medida se enmarca dentro de la Ley Provincial 9617 —sancionada el 9 de abril de 2025 y publicada el 11 de abril del mismo año— y su decreto reglamentario (1928/2025), que ordenan el desarrollo integral del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en la provincia. Este marco ya había creado el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, obligatorio para quienes participen en la cadena productiva, desde el cultivo hasta la comercialización.

Con esta nueva resolución, Mendoza suma una capa más de control: no alcanza con que el paciente esté autorizado o que el producto esté regulado, ahora también se controla quién prescribe. El sistema prevé requisitos específicos, monitoreo digital y posibles sanciones para quienes incumplan, reforzando la trazabilidad y la supervisión sanitaria en todo el circuito.

La provincia viene construyendo un modelo propio desde hace años, con leyes como la 8962 (investigación científica) y la 9298 (producción medicinal), además de políticas que apuntan a garantizar calidad, seguridad y seguimiento en cada etapa. La estrategia oficial combina salud pública con desarrollo productivo, buscando consolidar una industria con estándares estrictos y proyección económica.

En este nuevo escenario, el mensaje es claro, Mendoza quiere un cannabis medicinal bajo lupa, con reglas precisas y actores perfectamente identificados. Para algunos, es orden. Para otros, una barrera más. Pero lo cierto es que el tablero cambió y el acceso a estos tratamientos ahora pasa, inevitablemente, por un filtro profesional más exigente.