El conflicto por el cannabis medicinal en Mendoza sumó un nuevo capítulo tras la publicación de la Resolución N° 000526/26 del Ministerio de Salud de Mendoza. La medida fue duramente cuestionada por el Consejo Consultivo Honorario (CCH), que la calificó como un retroceso en derechos y no como una regulación sanitaria. Según el organismo, la normativa impone requisitos que exceden lo establecido por la Ley Nacional 27.350, generando nuevas barreras para pacientes y profesionales.

Entre los puntos más cuestionados, se destaca la creación de un registro de médicos con condiciones restrictivas, lo que limitaría quiénes pueden prescribir cannabis terapéutico. Desde el CCH advierten que estas disposiciones afectan directamente la autonomía profesional y dejan afuera a pacientes que necesitan tratamiento, profundizando desigualdades en el acceso a la salud. Además, sostienen que la resolución introduce trabas burocráticas innecesarias en un campo donde debería primar el enfoque sanitario y de derechos.

El rechazo también fue respaldado por la Red Federal de Abogacía Cannábica (ARFAC), que señaló que la resolución viola el principio de jerarquía normativa al imponer exigencias no contempladas en la legislación nacional, como la obligatoriedad de formación específica y la restricción por especialidades médicas. La organización advirtió que estas condiciones restringen el acceso de pacientes a tratamientos y afectan el ejercicio profesional, por lo que exigió una revisión integral de la medida.

El escenario abre un nuevo frente de discusión en torno al rol de las provincias frente a la normativa nacional y pone en alerta a toda la comunidad cannábica. En un país donde el acceso al cannabis medicinal aún está en construcción, cada decisión institucional define el rumbo: o se amplían derechos, o se los condiciona. La presión de organizaciones, profesionales y pacientes ya está en marcha, y todo indica que este debate recién empieza.