A más de una década de haber legalizado el cannabis, Uruguay vuelve a sacudir el tablero regional. El gobierno aseguró que la regulación del mercado logró una caída drástica del narcotráfico vinculado a la marihuana, desplazando al mercado ilegal y debilitando una de sus principales fuentes de ingresos. El dato no es menor: cuando el Estado ocupa el lugar que antes dominaba la clandestinidad, el negocio pierde fuerza y la violencia también.

El modelo uruguayo —pionero desde 2013— combina autocultivo, clubes cannábicos y venta en farmacias bajo control estatal. Según las autoridades, esta estrategia permitió quitarle terreno al narcomenudeo, garantizando acceso seguro a los usuarios y reduciendo el contacto con redes criminales. No se trata solamente de consumo, es una política pública que impacta en seguridad, salud y economía.

Mientras tanto, en la región el debate sigue encendido. Países como el nuestro (Argentina) observan con atención los resultados, en un contexto donde aún persisten detenciones por tenencia o cultivo, incluso con fines medicinales. La experiencia uruguaya suma evidencia a una discusión que ya no es marginal, regular no es promover, es ordenar un sistema que, en la sombra, siempre creció sin control.

El viento sopla distinto cuando la política se anima a cambiar las reglas del juego. Uruguay sembró una idea que hoy empieza a florecer en números concretos, menos ilegalidad, más control, y una sociedad que se replantea viejos prejuicios. Tal vez el futuro no sea una utopía verde, sino simplemente una decisión valiente de hacer mejor las cosas.

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