La provincia de Córdoba se sitúa en una posición de singular complejidad dentro del mapa cannábico de la República Argentina. Esta jurisdicción no solo ha sido pionera en la implementación de mecanismos de persecución penal específicos para el microtráfico, sino que simultáneamente ha consolidado un polo de investigación científica y desarrollo genético que desafía las estructuras prohibitivas tradicionales. La coexistencia de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) con proyectos de fitomejoramiento de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) crea una tensión constante entre el control estatal y el derecho a la salud. El presente reporte desglosa esta realidad a través de un análisis exhaustivo de su marco normativo, la actividad judicial, las estadísticas de detenciones y la incipiente industria del cáñamo, proporcionando una visión integral necesaria para comprender el fenómeno en el corazón del país.

El andamiaje jurídico: Del prohibicionismo a la regulación medicinal

La realidad legal del cannabis en Córdoba está configurada por una superposición de leyes nacionales y provinciales que a menudo operan bajo lógicas contrapuestas. En el estrato más básico reside la Ley Penal de Estupefacientes N° 23.737, sancionada en 1989, la cual mantiene un enfoque punitivo basado en la protección de la salud pública como bien jurídico supraindividual. Bajo esta norma, el cannabis permanece categorizado como estupefaciente, lo que implica que cualquier actividad relacionada con su cultivo o tenencia es, por defecto, un delito, a menos que exista una autorización estatal explícita.

La singularidad cordobesa: Ley de Desfederalización

Un hito fundamental para la provincia fue la sanción de la Ley Provincial N° 10.067 en el año 2012, mediante la cual Córdoba adhirió a la Ley Nacional de Desfederalización (N° 26.052). Esta decisión política permitió que la justicia ordinaria provincial asumiera la competencia para investigar y juzgar los delitos de narcomenudeo o comercialización minorista, tareas que anteriormente recaían exclusivamente en el fuero federal. La justificación oficial para este cambio radicó en la necesidad de acercar la justicia a la realidad territorial y paliar la escasa presencia de fuerzas federales en el interior provincial.

Como consecuencia de este marco, se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo especializado bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Esta fuerza se distingue por su enfoque agresivo en el desbaratamiento de "puntos de venta", los cuales, en una gran proporción, involucran derivados de la planta de cannabis.

Adhesión a la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 10.756)

El 5 de mayo de 2021, la Legislatura de la Provincia de Córdoba dio un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de los usuarios terapéuticos al sancionar la Ley 10.756. Esta norma no solo adhiere a la Ley Nacional 27.350, sino que también establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, garantizando el cuidado integral de la salud. La ley designa al Ministerio de Salud de la Provincia como la autoridad de aplicación y ordena la creación de un Consejo Consultivo Honorario.

Este consejo tiene el mandato de asesorar en la creación de protocolos de actuación, celebrar convenios con municipios y comunas, e impulsar la investigación científica. No obstante, la implementación efectiva ha enfrentado desafíos administrativos, especialmente en la coordinación con los registros nacionales y la protección de los cultivadores frente a las fuerzas de seguridad provinciales.

El REPROCANN en Córdoba: Estadísticas y perfiles de usuario

El Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), creado bajo la Resolución 800/21 del Ministerio de Salud de la Nación, ha transformado el panorama legal para miles de cordobeses. Este registro otorga certificados que actúan como una excepción al régimen sancionatorio de la ley de estupefacientes, permitiendo el cultivo controlado y el transporte de flores y aceites dentro del territorio nacional.

Demografía y alcance regional

Córdoba se consolida como una de las jurisdicciones con mayor adopción del REPROCANN en Argentina. Según datos actualizados hacia finales de 2025, la provincia concentra aproximadamente el 8% del total nacional de usuarios registrados. Esta cifra es significativa, situando a la provincia solo por detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en términos de densidad de usuarios legales.

El perfil demográfico del usuario cordobés registrado revela una tendencia clara hacia el género masculino y la edad adulta media. El 77% de los inscriptos son hombres, y el 83% del total tiene entre 27 y 59 años. Respecto a los objetivos del uso, aunque la ley 27.350 se enfoca en el uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor, estudios académicos sobre causas judiciales en Córdoba indican que una vasta mayoría de los procesados que luego logran probar su estatus de usuarios realizan un uso terapéutico (77%), frente a un 21% que lo hace de forma no terapéutica.

La parálisis administrativa de 2024-2025

A pesar del crecimiento en las solicitudes, el sistema enfrentó una crisis de gestión entre 2024 y mediados de 2025, conocida como la "parálisis del REPROCANN". Se estima que más de 80.000 personas en todo el país quedaron en lista de espera, con trámites pendientes de aprobación durante más de un año. En Córdoba, esta situación dejó a miles de pacientes en una vulnerabilidad jurídica extrema, ya que el vencimiento de sus certificados no fue acompañado por una renovación automática eficiente, exponiéndolos a allanamientos y procesos penales.

La incertidumbre llevó a que muchos usuarios optaran por no inscribirse por temor a la exposición ante las políticas de seguridad, prefiriendo la ilegalidad ante la falta de transparencia del Estado nacional. Este fenómeno impulsó a provincias y organizaciones a avanzar en registros propios y amparos judiciales para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Dinámicas de persecución penal: Detenciones, allanamientos y causas judiciales

La actividad de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Córdoba es intensa y se caracteriza por una presencia capilar en toda la geografía provincial. Los informes del Ministerio Público Fiscal (MPF) muestran un flujo constante de operativos que, aunque dirigidos nominalmente al narcomenudeo, a menudo interceptan a cultivadores domésticos y pequeños distribuidores de derivados cannábicos.

El "Circuito Penal" del autocultivo

Un estudio sobre los procesamientos judiciales en Argentina entre 2010 y 2020 resalta que Córdoba, al ser una de las provincias desfederalizadas, presenta una dinámica particular de imputación. Debido a que el cultivo (simple o con fines de comercialización) es técnicamente una competencia federal, los operadores judiciales provinciales suelen utilizar la figura de "tenencia" (ya sea simple, para consumo o con fines de comercialización) para retener las causas bajo jurisdicción provincial.

Esta estrategia procesal se basa en la interpretación de la "escasa cantidad" y la fragmentación de la droga, lo que permite a la justicia de Córdoba procesar a personas que, en otras provincias no desfederalizadas, tendrían sus causas en el fuero federal, donde a menudo los criterios son menos punitivos para el usuario.

Análisis de operativos y secuestros recientes

En el periodo 2024-2026, los operativos han mostrado una escala creciente. En febrero de 2024, la FPA desbarató un invernadero "indoor" de alta tecnología en el Barrio Crisol de Córdoba Capital, secuestrando más de 11 kilos de marihuana y desarticulando lo que calificaron como una organización de gran escala. En otros casos, como el ocurrido en La Paz a finales de 2025, el secuestro de 500 plantas estuvo acompañado por un arsenal de 15 armas de fuego, lo que ilustra la complejidad de ciertos expedientes donde el cannabis se entrelaza con otros delitos graves como amenazas y daño.

Sin embargo, la mayoría de los casos informados corresponden al cierre de "puntos de venta" familiares en barrios como Alto Verde, Remedios de Escalada o General Urquiza. En estas situaciones, la FPA utiliza denuncias anónimas al 0800-888-8080 para iniciar investigaciones de meses que culminan en allanamientos simultáneos.

Jurisprudencia y fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Frente a la actividad policial, el Poder Judicial de Córdoba ha emitido sentencias que intentan equilibrar la balanza, especialmente en casos de uso medicinal. Un hito reciente ocurrió en mayo de 2024, cuando el TSJ confirmó el sobreseimiento de una mujer que transportaba flores y cremas de cannabis para el tratamiento oncológico de su madre. El tribunal dictaminó que la conducta era atípica debido a la falta de lesividad al bien jurídico de la salud pública, subrayando que el cannabis tenía una finalidad terapéutica probada y que la cantidad no superaba de modo excesivo lo razonable para dicho fin.

Este fallo es fundamental porque reafirma el principio de ultima ratio del derecho penal y protege a quienes, incluso excediendo los límites técnicos de un registro, actúan bajo una necesidad médica genuina. Asimismo, el fallo "Loyola" ha sido crucial en la provincia al cuestionar la desproporcionalidad de las penas mínimas del narcomenudeo, permitiendo que penas que originalmente eran de 4 años pudieran reducirse a 3 años, facilitando así la ejecución condicional para personas sin antecedentes.

El escenario municipal: Ordenanzas y autonomía local

La falta de una reglamentación provincial ágil durante los primeros años de la ley 10.756 impulsó a varios municipios cordobeses a generar sus propios marcos regulatorios, buscando dar respuestas locales a las demandas de los pacientes y organizaciones.

Córdoba Capital y el impulso regulatorio

En la ciudad de Córdoba, el debate ha sido intenso. En mayo de 2021, se presentó un proyecto de ordenanza para adherir a las leyes nacional y provincial, estableciendo la creación de una Comisión de Control vinculante. Este proyecto subraya la necesidad de garantizar el acceso legal y paliativo ante patologías crónicas, citando casos locales de éxito en el tratamiento de epilepsia refractaria. La ordenanza faculta al Ejecutivo Municipal a realizar adecuaciones presupuestarias para la investigación y el apoyo a pacientes.

Villa Carlos Paz: Entre la salud y la seguridad vial

En Villa Carlos Paz, la normativa ha tomado un cariz multidimensional. Por un lado, la Ordenanza N° 7217 de 2025 establece mecanismos de colaboración institucional para la fiscalización y control en el ámbito del turismo y los servicios inmobiliarios. Por otro lado, la ciudad ha sido pionera en integrar el control de sustancias psicoactivas en el tránsito. Mediante la Ordenanza 5436 y convenios como el 6404, se dispuso la creación de Unidades de Control Psicofísico (UCP) que realizan pruebas de detección de cannabis y otras sustancias a choferes de servicios públicos para garantizar la seguridad vial.

Río Cuarto y la regulación de farmacias

La ciudad de Río Cuarto avanzó específicamente en la comercialización de productos. La Ordenanza N° 66/2021 regula la habilitación y localización de farmacias, prohibiendo la venta de especialidades o preparados farmacéuticos derivados del cannabis en locales no autorizados por la Ley Provincial 8302. Esta medida busca formalizar el acceso a través del sistema de salud y evitar la venta informal de aceites de procedencia incierta.

San Francisco y los comités de supervisión

En San Francisco, la discusión se ha centrado en la creación de comités de supervisión de cannabis, similares a los modelos utilizados en ciudades como San Francisco, California. Estos comités tienen como objetivo asesorar a las autoridades locales en modificaciones de leyes que faciliten el crecimiento socialmente responsable de la industria y aseguren el acceso equitativo. Aunque el enfoque tributario sigue siendo dominante en la legislación municipal vigente (Ordenanza 7999), el activismo cannábico local presiona por un marco que priorice la salud sobre la recaudación.

Investigación y desarrollo: El polo científico cordobés

Córdoba no solo es un centro de consumo y litigiosidad, sino también uno de los núcleos de investigación sobre el cannabis más avanzados del país. La articulación entre el sector público y las organizaciones civiles ha permitido avances en genética y biotecnología.

Cogollos Córdoba e INTA: Un modelo de vinculación

La Asociación Civil Cogollos Córdoba ha sido protagonista de un convenio de cooperación técnica con el INTA (específicamente con el CIAP en Córdoba). Este proyecto tiene como objetivos principales:

1. Investigación y Desarrollo: Validación de protocolos de cultivo en tres entornos: exterior, invernadero e interior (indoor).
2. Inscripción de Cultivares: Se han desarrollado variedades específicas para el contexto local. Los cultivares "EDIS3" (con alto contenido de CBD) y "Cogollos Inta CBD D" ya tienen expedientes iniciados ante el INASE para su aprobación en el registro de propiedad y comercialización.
3. Análisis Genético: Uso de marcadores moleculares para la selección asistida y estudios de diversidad genética en las variedades de la asociación.

Nanotecnología y aplicaciones farmacéuticas en la UNC

En la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, los equipos de investigación están explorando la aplicación de nuevas tecnologías de extracción que sean amigables con el medio ambiente. Un desarrollo destacado es el sistema de vehiculación de extractos mediante nanocápsulas poliméricas. Estas nanopartículas tienen un núcleo oleoso y una cubierta hidrofílica, lo que permite transportar los principios activos del cannabis de manera más eficiente dentro del cuerpo humano, mejorando su estabilidad y dosificación.

El proyecto de Cáñamo Industrial en Traslasierra

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) lidera un proyecto pionero en el Valle de Traslasierra, específicamente con epicentro en Nono, enfocado en el cannabis para uso industrial o cáñamo. Este proyecto obtuvo el primer certificado de importación en Argentina para tres variedades de cáñamo provenientes de Francia, destinadas a la producción de fibra larga y granos.

Este desarrollo es particularmente relevante porque propone un modelo de desarrollo socio-ambiental sostenible. Involucra a cooperativas de mujeres para el procesamiento de alimentos derivados del grano de cáñamo y apunta a crear un corredor turístico, medicinal y agroecológico en el valle. El proyecto diferencia claramente la producción de cáñamo (que requiere entre 35 y 60 kilos de semilla por hectárea) del cannabis medicinal, buscando escala industrial para reactivar la economía regional.

El impacto de la Resolución 1780/2025: Un nuevo paradigma de control

El 2025 marcó el inicio de una reestructuración profunda en el REPROCANN a nivel nacional que afectó significativamente a los usuarios de Córdoba. La Resolución Ministerial 1780/2025 derogó normativas anteriores y estableció requisitos mucho más estrictos para el mantenimiento de los permisos de cultivo.

Restricciones a las ONGs y terceros cultivadores

Las organizaciones sociales, que en Córdoba tienen una fuerte presencia territorial, fueron las más afectadas. Según la nueva norma, las ONGs ahora deben limitar su atención a un máximo de 150 pacientes (salvo solicitudes de ampliación justificadas) y presentar informes técnicos semestrales detallando los avances, ratios de cannabinoides y procedimientos. Además, se les exige contar con un responsable médico y un responsable técnico con diplomas validados por el Ministerio de Salud.

Para los "terceros cultivadores" (personas que cultivan para otros), la restricción es aún mayor: solo pueden cultivar para un único paciente adicional y deben presentar certificados de antecedentes penales que demuestren la ausencia de delitos relacionados con estupefacientes.

Trazabilidad y georreferenciación

La nueva normativa introduce la obligación de declarar hasta un máximo de tres domicilios de cultivo, los cuales deben estar georreferenciados. Para los traslados de material vegetal, se ha vuelto obligatoria una "hoja de ruta" que detalle origen, destino, tipo de material y datos del transportista. Estos cambios han sido recibidos con críticas por parte de colectivos como Mamá Cultiva Argentina, quienes denuncian que estas medidas criminalizan indirectamente a quienes no tienen los recursos para cumplir con la burocracia técnica exigida.

Perspectiva socio-económica y penal del cannabis en Córdoba

El impacto del sistema penal no solo se mide en años de prisión, sino también en una carga económica asfixiante a través de las multas establecidas en la Ley 23.737, las cuales fueron actualizadas mediante la Ley 27.302.

El costo de la ilegalidad: Multas y prisiones

Las multas pecuniarias para delitos como la tenencia con fines de comercialización pueden oscilar entre las 45 y las 900 unidades fijas. A valores de los últimos años, esto se traduce en montos que superan con creces los 4 millones de pesos. El Código Penal establece que si el condenado no puede pagar la multa, esta se transforma en prisión (hasta un año y medio adicional), lo que genera una situación de desigualdad extrema para los cultivadores de bajos recursos.

A pesar de esto, la realidad judicial muestra que las condenas efectivas por cultivo medicinal son escasas cuando el acusado logra probar su estatus de usuario. El problema reside en el tránsito por el sistema judicial: muchas causas avanzan hasta el juicio oral, generando un estigma social y un gasto de recursos públicos innecesario para luego terminar en sobreseimientos por atipicidad.

La economía del cáñamo y el futuro industrial

Frente al enfoque punitivo, Córdoba vislumbra una oportunidad económica en la Ley 27.669, que regula la industria del cáñamo y el cannabis medicinal. La creación de la ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal) abre la puerta a licencias para la exportación y producción industrial de cosméticos, alimentos y materiales textiles en la provincia.

El interés de empresas como Botanicanns S.A. en convenios con el INTA para investigación y desarrollo sugiere que el sector privado cordobés está listo para invertir en infraestructura productiva, siempre que el marco regulatorio ofrezca seguridad jurídica y simplificación administrativa.

Este material fue publicado en el podcast Amor Vegetal #8, con Leonardo Mesa, y la participación especial de Nicolás Vaney, secretario del consejo asesor en cannabis medicinal en San Antonio de Arredondo. Adjuntamos el material para un informe completo: