El 1° de septiembre, Miguel Arancibia, abogado sanjuanino con vínculos con la coalición gobernante, fue incorporado al directorio de CANME San Juan, la empresa estatal encargada del desarrollo del cannabis medicinal en la provincia. El cambio implicó el desplazamiento de Carolina Giménez, vinculada al justicialismo provincial, lo que levantó debate sobre el giro político detrás de lo institucional.

Según fuentes del gobierno provincial, Arancibia habría sido enviado desde Casa de Gobierno para “mejorar la rentabilidad” de la firma, que hasta ahora no logró resultados económicos significativos durante sus seis años de operación. En el nuevo directorio permanecen otros nombres clave: Gonzalo Campos como presidente, Franco Pérgolis, Jorge Amarfil como síndico, y otros responsables de área con distintas trayectorias. 

Este cambio coincide con un momento crítico para CANME: la parálisis nacional de permisos industriales, la degradación de sus instalaciones en el predio de cultivo y la pérdida de flores por falta de autorización. Frente a eso, la empresa ya modificó su objeto social para incluir al cáñamo industrial, buscando diversificar su producción hacia fibras, alimentos, materiales de construcción y otros productos de menor barrera regulatoria.

Uno de los desafíos inmediatos que deberá afrontar la nueva conducción es poner en marcha la comercialización del aceite medicinal producido internamente, cuya aprobación en farmacias depende de permisos nacionales bloqueados. A su vez, CANME logró recientemente la certificación orgánica para cannabis medicinal, un dato que suma credibilidad técnica en medio de la reestructuración. 

Este movimiento politiza la gestión de una empresa estratégica en un sector cargado de simbolismos. ¿Será un paso firme hacia su consolidación o apenas un nuevo cambio de fichas en una partida con reglas imprecisas? El tiempo y las resoluciones nacionales dirán