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El impulsor del Reprocann, Marcelo Morante, recordó que el programa nació para garantizar el acceso al cannabis medicinal y, al mismo tiempo, sacar a la policía de la ecuación: un registro sanitario que protege a pacientes del dolor y de la persecución penal. Su testimonio desnuda la paradoja: mientras el Estado demora más de un año en aprobar trámites, miles de familias siguen a la espera de un alivio urgente.
“El Reprocann fue un piso de derechos”, dijo Morante, recordando que la Corte Suprema lo avaló tras la lucha de madres que cultivaban para sus hijos con epilepsia refractaria. El médico enfatizó que regular significa calidad y acompañamiento clínico, no allanamientos ni criminalización. También advirtió sobre el doble estándar: a pacientes con morfina nadie les pide antecedentes penales, pero con cannabis sí.
El desafío hoy es sostener un Estado presente que asegure productos seguros en farmacias, respete el autocultivo y avance hacia un debate más amplio sobre el uso adulto y la industria. Porque vivir sin dolor no debería ser un privilegio, sino un derecho.
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