La Justicia Federal dictó la falta de mérito y otorgó la libertad inmediata a Ana Paula Martínez, quien estaba detenida tras un allanamiento a su local de tipo “grow shop”. El fallo reconoció que la emprendedora contaba con permisos administrativos vigentes (REPROCANN, INASE) y no se acreditó la existencia de una actividad ilícita comercializable.

El operativo había sido realizado en mayo en su local sobre avenida Constitución y en su domicilio, donde se secuestraron plantas, cogollos, dinero, una pistola y equipos para cultivo. Durante la pesquisa federal se consideró que no existían indicios claros del destino comercial del material incautado, ni elementos que probaran recortes de nylon u otras evidencias usadas habitualmente para tráfico.

En la resolución judicial se levantaron las inhibiciones patrimoniales, el bloqueo de cuentas bancarias y virtuales, y se restituyó la camioneta secuestrada. La defensa, representada por el abogado penalista Franco Gorga, enfatizó que la causa marca un precedente en materia de legalidad para quienes operan en los márgenes permitidos. 

Este hecho evidencia cómo la norma todavía se cruza con interpretaciones ambiguas y cómo las autorizaciones administrativas pueden chocar con acciones policiales desproporcionadas. En este caso, el fallo pone en relieve que tener permisos “en regla” y operar dentro de los límites legales puede ser la diferencia entre detención injusta y libertad judicial.