La Cámara Federal revocó el sobreseimiento que beneficiaba a la empresa Cáñamo Sur S.A.S. y a su apoderado legal, y ordenó profundizar la investigación penal por el presunto cultivo ilícito de cannabis, agravado por la cercanía del predio con un establecimiento educativo.

El fallo, identificado como Despacho FCR 8979/2025/5 – Fundamentos, establece que la investigación penal preparatoria se extenderá por un plazo de tres meses, hasta el 22 de diciembre, con el fin de realizar nuevas medidas probatorias. Entre ellas, se ordenó la realización de peritajes químicos sobre las plantas secuestradas para determinar el nivel de THC y precisar si corresponde clasificarlas como cáñamo —tal como sostiene la defensa— o como marihuana, como alega la fiscalía.

Los jueces remarcaron que el convenio que la empresa había suscripto con el INTA no resulta suficiente para avalar todo tipo de actividad de cultivo. El permiso administrativo, advierte el fallo, “no puede extenderse automáticamente a predios no autorizados ni a fines distintos de los previstos”, por lo que la eventual existencia de una licencia no exime de responsabilidad penal si se exceden los límites de la habilitación.

Además, el tribunal dejó asentado que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no queda excluida en casos de delitos vinculados a estupefacientes. En ese sentido, recordó que la Ley 27.401 —que regula la responsabilidad empresarial en casos de corrupción— no desplaza la aplicación de la Ley 23.737 sobre drogas.

La decisión marca un antecedente clave en la tensión entre el desarrollo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal y las interpretaciones restrictivas de la justicia federal. Mientras tanto, el futuro judicial de Cáñamo Sur y de su representante seguirá abierto hasta tanto se definan los peritajes y la causa avance hacia una eventual elevación a juicio.